La Fiscalía General de la Nación en Norte de Santander presentó ante jueces de control de garantías a tres hombres, a quienes se les atribuyen distintos hurtos en área metropolitana de Cúcuta.
El primer judicializado es Deyker Humberto Sánchez Uscátegui, quien fue detenido mediante orden judicial el 9 de enero reciente en el barrio aeropuerto de esta ciudad.
Las investigaciones adelantadas evidenciaron que el procesado habría ingresado a una panadería y de forma violenta y bajo la amenaza con arma de fuego, le hurta las pertenencias a dos mujeres que se encontraban en el lugar, apoderándose de una cadena de oro avaluada en dos millones de pesos, dos teléfonos celulares, dos teléfonos celulares, un bolso y 260 mil pesos, hechos ocurridos el pasado 9 de noviembre de 2023 en el barrio Comuneros de esta ciudad.
Por otra parte, fue capturado el pasado 10 de enero a Seedor Alexandro Gómez Becerra mediate labores de verificación y registros de uniformados de la Policía Nacional en el barrio Doña Nidia zona metropolitana de Cúcuta, quien presuntamente en complicidad con otros dos personas se habría bajado de la motocicleta, y mediate amenazas con arma de fuego hurtó una motocicleta y pertenencias a una menor de edad 10 de noviembre de 2023.
Por último, fue capturado el 12 de enero de 2024, Luis Jackson Delgado Marín, señalado según las investigaciones de hurtar un local comercial dedicado al cuidado, hecho ocurrido el 27 de diciembre de 2022. En la acción se hurto, al parecer, cinco millones de pesos, una pulsera de oro y dos teléfonos celulares.
En audiencias concentradas, la fiscal les imputó cargos por delito de hurto calificado y agravado, cargo el cual no aceptaron.
La Fiscalía habla con resultados
MPHA/FAGH/AOG/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
