Una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar en investigaciones diferentes formuló imputaciones en contra de un funcionario activo de la Policía Nacional y un ex servidor de la misma institución. Los hechos investigados se registraron en Cartagena (Bolívar).
En el primer caso, fue judicializado el capitán Iván Darío Cadena Tenganá, a quien el ente acusador le imputó el delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia.
Los hechos ocurrieron en enero de 2022, cuando el procesado, al parecer, conoció con antelación de un operativo ilegal que realizaría la Policía Nacional en contra de la ex presidente del Concejo Distrital de Cartagena, Gloria Estrada Benavides y los particulares Martín Barreto y Avelino Villamizar Vera y no lo denunció ante las autoridades competentes.
En otro proceso, la Fiscalía le imputó el delito de abuso de confianza calificado agravado al exagente, Gabriel Murillo Guzmán, quien laboraba como jefe de investigación de delitos contra el patrimonio económico de la Policía Nacional en Cartagena.
Los hechos se relacionan con la presunta apropiación que hizo el investigado de ocho millones de pesos que fueron incautados en una diligencia de allanamiento y que debido a su cargo debió consignarla en el Banco Agrario de Colombia.
En el transcurso de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la Nación, Murillo Guzmán devolvió el dinero en mención.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MEVA/MG/DC/ICHS/DSB
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
