El sujeto venía siendo buscado por las autoridades ya que afronta otros procesos penales que cursan en juzgados de Popayán por delitos en los que han resultado víctimas varios ciudadanos.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de soldados del Ejército Nacional, capturaron a Yan Carlos Hurtado en un sector de Popayán (Cauca), para que cumpla una sentencia de 5 años de prisión.
La investigación adelantada por un fiscal local de la Unidad de hurtos y estafas permitió a este despacho imputar cargos al capturado como presunto autor material del delito de hurto calificado agravado, por el cual fue condenado.
Este hombre fue procesado por hechos ocurridos el 1 de octubre del presente año en el barrio Los Andes de Popayán, cuando un ciudadano fue despojado de la motocicleta en la que se movilizaba.
Luego de una rápida acción de patrullas motorizadas de la Policía Nacional, quienes fueron alertadas por la Central de Comunicaciones, los agentes lograron interceptar al presunto ladrón, recuperar el automotor y capturar en flagrancia a Yan Carlos Hurtado.
Al revisar el SPOA los uniformados lograron establecer que el hombre registraba, además, cuatro anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones (1), hurto calificado agravado (2) y violación de medidas sanitarias (1).
Un juez penal con control de garantías avaló el procedimiento de captura realizado por servidores del CTI y fue dejado a disposición del juzgado de Ejecución de Penas que lo solicita para que cumpla condena de 5 años de prisión.
La Fiscalía habla con resultados
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JGPV/FAGH/JAHS/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
