Se trata de Francisco Luis Correa Galeano, quien estaría involucrado en la planeación y logística relacionada con el homicidio.
La Fiscalía General de la Nación puso a consideración de un juez penal de conocimiento de Cartagena (Bolívar), una solicitud de aprobación de principio de oportunidad parcial en favor de Francisco Luis Correa Galeano, uno de los señalados articuladores del asesinato del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci Albertini, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en el sector de Barú, en Cartagena. El juez al considerar los argumentos de la Fiscalía aprobó el principio.
Este hombre había sido acusado por un fiscal delegado ante tribunal, adscrito a la Delegada para la Seguridad Territorial, por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; y amenazas.
El principio de oportunidad recibió aval del juez, y en ese sentido aplicará la inmunidad parcial por un año solamente para el delito de homicidio agravado y seguirá el juicio por las otras conductas ilícitas.
El mecanismo judicial se sustenta en la colaboración que ha bridado Correa Galeano. Inicialmente, aceptó su participación en la planeación y logística del crimen. Asimismo, ayudó a identificar y a aportar información en contra de otros presuntos involucrados en la acción violenta, como los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, y la señora Margareth Chacón Zúñiga; y servirá de testigo en los procesos que se derivan de la investigación.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
