Varias de las personas afectadas tramitaron préstamos ante entidades crediticias para pagarle al supuesto abogado con el fin de acceder a beneficios económicos de la Unidad de Víctimas.
Bajo el direccionamiento de una fiscal local del municipio tolimense de Villahermosa, fue enviado a la cárcel como medida preventiva, un hombre por su presunta responsabilidad en los delitos de estafa agravada en masa, falsedad en documento privado y destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado del que fueron víctimas siete personas por una suma superior a los $27 millones.
A Carlos Arturo Osorio Osorio quien se hacía pasar por abogado, se le imputó estafa con abuso de condiciones de inferioridad al estar dentro de los afectados tres adultos mayores entre los 72 y 83 años, y una mujer analfabeta, víctimas de desplazamiento forzado.
La Fiscalía logró asociar siete noticias criminales las cuales conservan el mismo modus operandi consistente en referirle a cada una de las víctimas que él podía tramitarles todas las diligencias de la indemnización ante la Unidad de Víctimas de Bogotá, porque contaba con la ayuda de una funcionaría pública conocida, que a cambio de dádivas económicas agilizaría dichos trámites.
Acto seguido, se tiene que el hombre iba a una empresa de mensajería y enviaba a la Unidad de Víctimas en Bogotá un sobre a nombre del interesado; luego le entregaba la guía del envío al afectado como prueba de estar realizando los trámites, cuando la entidad no tenía conocimiento del caso de dicho ciudadano para reconocerlo como víctima, pero el incauto seguía dándole más dinero ignorando que no se encontraba en trámite alguna indemnización a su favor.
El asegurado fue detenido en cumplimiento a la orden judicial que pesaba en su contra por personal de policía judicial Sijín del Tolima.
La Fiscalía habla con resultados.
PAAM/LYBT/YMCC/AMBV/DST
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
