El hombre y la mujer fueron capturados en los departamentos de Santander y Norte de Santander, respectivamente. El grupo delictivo estaría conformado por al menos 10 personas.
Un fiscal del Grupo de Estructura de Apoyo de la Seccional Tolima y miembros de la Sijín de la Policía Nacional, lograron capturar a un hombre y una mujer por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y hurto calificado y agravado, por su presunta participación en cinco hurtos en la modalidad de fleteo en Ibagué, Tolima.
Se trata de Ludwing Fernando Tejedor Castiblanco y Maria Nelsy Suárez Castro quienes al parecer hacen parte del grupo organizado delincuencial ‘los Búcaros’ dedicado al hurto de personas en la modalidad de fleteo, desplazándose desde Bucaramanga en motocicletas de bajo cilindraje a la capital tolimense para cometer los hurtos.
Según el ente acusador, los hechos ocurrieron entre mayo y julio del 2022. La pareja supuestamente esperaba a que sus víctimas retiraran altas sumas de dinero en sucursales de bancos ubicados en los principales centros comerciales de la ciudad para posteriormente sorprenderlos intimidándolos con armas de fuego. El valor de los cinco hurtos alcanza los 110 millones de pesos.
Al término de las audiencias de rigor, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.
Cabe anotar que estas personas cuentan con antecedentes tales como concierto para delinquir, homicidio, hurto, porte de armas, constreñimiento, amenazas y fuga de presos.
La Fiscalía habla con resultados.
PAAM/ LYBT/JJS/AMBV/DST
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
