Un fiscal de la Seccional Bolívar judicializó a siete personas, presuntamente comprometidas en el comercio de estupefacientes en Cartagena.
Se trata de Linfer Enrique Lorduy Castillo, alias Luifer o Calvo; Darío Antonio Cabeza Bobb, alias Cabeza; Silfredo Eliécer Baltan Ocoro, alias Silfredo; Randys Ríos Barrios, alias Randy, Pedro Enrique León Cueto, alias Pedro; Lorenza del Carmen Cuadrado Ruíz, alias Lorenza y Esteban Enrique de Arco Pérez, alias Esteban.
Los hechos investigados se relacionan con la distribución de alucinógenos al menudeo y a domicilio en barrios como Torices, Martínez Martelo y Camino del Medio, en la capital de Bolívar.
Labores de policía judicial evidencian que esta red vendía alrededor de 5.600 dosis de marihuana y 3.500 de cocaína cada semana. Esta actividad, al parecer, le generaba a la organización ilegal rentas ilícitas cercanas a 546 millones de pesos mensuales.
Ocho diligencias de registro y allanamiento cumplidas el pasado 27 de octubre le permitieron a la Policía Nacional adelantar las capturas de los ahora procesados en la capital de Bolívar.
Durante estos operativos fueron incautados más de 25 kilos de marihuana, 600 dosis de cocaína, 8 celulares, 2 grameras, coladores, trituradores y 1.200 bolsas plásticas para empacar las sustancias ilegales, para su posterior comercialización.
Los procesados fueron imputados como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, cargos que no fueron aceptados.
Por determinación judicial alias Lorenza cumplirá la medida de aseguramiento en su lugar de domicilio; alias Esteban, fue dejado en libertad por el juez de control de garantías. Los demás procesados deberán ser trasladados a centros penitenciarios.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MEVA/MAGA/ICHS/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
