Entre los procesados hay una ciudadana china, quien sería la articuladora principal del grupo delincuencial.
Las investigaciones dan cuenta de, por lo menos, 1.300 víctimas de esta modalidad ilegal de préstamos por aplicativos.
Paralelo al proceso penal, fueron ocupados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 2.100 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación impactó red delincuencial que estaría involucrada en el modelo ilegal conocido como ‘gota a gota’, a través de aplicativos virtuales. Nueve personas señaladas de participar en la actividad ilícita fueron capturadas y judicializadas, al tiempo que varias de sus propiedades fueron ocupadas con fines de extinción de dominio.
El trabajo investigativo articulado del CTI y la Policía Nacional permitió establecer que la organización delictiva, al parecer, desarrollaba aplicaciones para realizar préstamos exprés; y, posteriormente, cobraba el dinero de manera sistemática en medio de amenazas de muerte y extorsiones.
Los elementos de prueba indican que tan pronto un ciudadano descargaba el aplicativo en el celular y solicitaba un primer desembolso, permitía que el grupo ilegal accediera a sus datos personales y contactos.
Asimismo, se constató que el dinero era prestado por un término inicial de tres meses. Sin embargo, las víctimas eran llamadas al séptimo día del plazo previsto y notificadas de que se le prorrogaría el tiempo siete días más si no pagaban inmediatamente la totalidad deuda. Esto obligaba a los afectados a solicitar la suma exigida en otra aplicación que también sería controlada por la misma organización criminal.
De esta manera, los deudores nunca se ponían al día. A sus teléfonos, correos y redes sociales llegaban intimidaciones para obligarlos a pagar, muchas de estas iban acompañadas de fotografías y videos de personas desmembradas, groserías y señalamientos injuriosos.
En operación realizada de manera simultánea en Bogotá, Mosquera (Cundinamarca) y Medellín (Antioquia) se realizaron 8 diligencias de allanamiento y registro, además, fueron capturados nueve presuntos integrantes de esta estructura delincuencial, entre ellos la ciudadana china Jia Guo, quien sería la cabecilla principal.
Las personas detenidas estarían involucradas en múltiples eventos ocurridos desde 2021, que a la fecha dejan 1.300 víctimas. Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos, los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos, violación de datos personales, acceso abusivo a un sistema informático y extorsión agravada.
Por disposición de un juez de control de garantías, Jia Guo, Pauth Euridice Rincón, Jhon Edwar Díaz Martínez y Jhan Andrés Rada Pérez deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. De otra parte, Luisa María Calderón Aguilera y Johana Rocío Romero Gutiérrez, permanecerán privadas de la libertad en su lugar de residencia. Tres personas más seguirán vinculadas a la investigación.
Afectación a las finanzas ilegales
De manera simultánea al proceso penal, fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 12 establecimientos de comercio y 2 vehículos, que habrían sido adquiridos con dineros producto del denominado ‘gota a gota virtual’.
Los bienes, avaluados en 2.111 millones de pesos, fueron ocupados en procedimientos realizados en Bogotá. Las propiedades quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
CMRM/LMFO/MAGA/JARG/LMMA/DECDI/LPDS/DEEDD/MRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
