Jhon Anderson Huilas Vargas, presunto integrante de la organización Los Shotas, fue imputado con cargos por un fiscal especializada Gaula por el delito de extorsión agravada, imputación que fue avalada por un juez penal municipal de Buenaventura, quien dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en la cárcel.
Huilas Vargas fue denunciado por un ciudadano en la Fiscalía, quien aseguró que el 20 de diciembre de 2022, en la vereda Sitronela de este puerto, colisionó la buseta de transporte público que conducía contra otro vehículo del mismo tipo, cuyo conductor le manifestó que debían ir a la oficina de despachos para comunicarse con los propietarios e informar sobre el accidente de tránsito.
El administrador de la empresa se comunicó con el propietario de la buseta, quien no habría aceptado ningún arreglo y el conductor debía pagarle el daño que calculó en $5.000.000.
Al sitio llegaron dos hombres en una motocicleta, entre quienes se encontraba Jhon Anderson Huilas, quien comenzó a amenazar al conductor para que le pagara $5.000.000, si no lo mataría allí.
Los dos hombres siguieron presionando a la víctima para que entregara el dinero y supuestamente llevárselo al propietario de la buseta, quien pidió un tiempo para conseguirlo.
Fue así como presentó una denuncia ante el Gaula, cuyos investigadores lograron individualizar a Huilas Vargas y solicitaron un orden de captura, la cual fue cumplida en vía pública del puerto por agentes de la Policía Nacional y unidades de Gaula de la Armada Nacional, cuando se desplazaba por un sector del centro de este municipio.
La Fiscalía habla con resultados.
JGPV/FAGH/JDMHS/DSCV
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
