Una excontratista también es investigada en el mismo proceso.
Como presuntos responsables de direccionar un contrato para favorecer a una conocida, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos en contra del ex presidente del concejo municipal de Caldas (Antioquia), José David Rodríguez Molina y contra el ex secretario de la misma corporación Juan Gabriel Vélez.
Los hechos investigados ocurrieron entre enero y diciembre de 2022, cuando Rodríguez Molina, en calidad de ordenador del gasto y Vélez, supervisor de contratos del concejo municipal, habrían firmado dos convenios por un valor de $ 34′ 300. 000 con la señora Yulie Alexandra López Noreña, para prestación de servicios contables y administrativos para el desarrollo de las actividades inherentes a la corporación.
Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, los contratos fueron adjudicados a la mujer por la cercanía que tenía con los otros dos procesados. Se evidenció además que las funciones para las que fue contratada ya las venía ejerciendo otro funcionario de planta de la secretaría de hacienda municipal.
El pago del contrato se realizó en 12 cuotas mensuales.
Los investigados no se allanaron a los cargos imputados por la Fiscalía, según su responsabilidad individual, por dos delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y 12 peculados por apropiación.
En la actualidad, Rodríguez Molina aspira a ser reelegido a la misma corporación municipal, mientras que López Noreña es candidata al concejo de Caramanta, suroeste antioqueño.
La Fiscalía habla con resultados.
LFML/MG/LAH/ HMRM/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
