Al acoger los argumentos de la Fiscalía, un juez de control de garantías de Cúcuta (Norte de Santander) impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad a Jairo Andrés González Castrillón, alias JJ, señalado de tráfico de armas y de sustancias ilícitas.
Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, el procesado se dedicaría a almacenar armas de fuego y sustancias estupefacientes para su comercialización y distribución, en la comuna 10 de esta ciudad.
La captura de alias JJ fue materializada durante diligencias de allanamiento y registro en residencias ubicadas en el barrio Magdalena, este 3 de octubre, cuando las autoridades incautaron una pistola, tres proveedores, 33 cartuchos calibre 9 mm y 300 gramos de marihuana.
En audiencias preliminares la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, municiones partes o accesorios.
Entretanto, este 4 de octubre fue capturado mediante diligencia de allanamiento y registro Reynaldo de Jesús Torres Siria, alias El Tuerto, por los delitos de fabricación tráfico o porte de armas de fuego, tráfico fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de bienes muebles o inmuebles.
En el procedimiento los uniformados hallaron un revólver calibre 38 mm, 8 kilos 500 gramos de marihuana y se presume que el procesado desde el hotel que administra comercializa la sustancia en el centro de la capital nortesantandereana.
La Fiscalía habla con resultados
MPHA/LYBT/AOG/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
