Por solicitud de fiscales de la Estructura de Apoyo fueron asegurados con detención intramural Ómar Alejandro Pérez Cabulo, Miguel Ángel Chamorro Espriella y Juan David Segura Valencia, como presuntos responsables de despojar de sus pertenencias a ciudadanos del sector de Ciudad Porfía, en Villavicencio (Meta).
Los hechos se presentaron entre marzo y septiembre de 2023, tiempo durante el cual habrían intimidado a las víctimas con armas blancas y de fuego para hurtarlas.
Pérez Cabulo de 19 años y Chamorro Espriella, de 22, habrían despojado de sus pertenencias a una mujer luego de abordarla, intimidarla y herirla con arma blanca, el pasado 20 de marzo.
En el segundo proceso, Segura Valencia, de 19 años, es señalado de participar en dos hechos ocurridos el 25 de julio y el 1 de septiembre del año en curso, también en el sur de la ciudad.
En el primer caso, en motocicleta con otras tres personas, el detenido habría llegado armadoen a un establecimiento público y abordado a una pareja de esposos a quienes habrían amenazado y luego de herir a la mujer con arma blanca, los habrían despojado de sus pertenencias al parecer.
En otro hecho, Segura Valencia al parecer ingresó a un establecimiento público donde con arma de fuego habría intimidado a la víctima a quien despojó de sus pertenencias y luego huyó en una motocicleta que lo esperaba fuera del lugar.
Mediante orden judicial los hombres fueron capturados por investigadores del CTI de la Fiscalía apoyados por la Policía Nacional.
Los detenidos fueron presentados ante jueces de garantías, a quienes la Fiscalía imputó cargos por el delito de hurto calificado y agravado, el cual no fue aceptado por ninguno de ellos.
La Fiscalía habla con resultados.
PYMP/CFG/JHM/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
