La Fiscalía General de la Nación, a través de la Fiscalía Séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia, imputó al ex gobernador de Amazonas Carlos Arturo Rodríguez Celis, presuntamente implicado en una defraudación al erario que superaría los 17.000 millones de pesos.
Los hechos investigados ocurrieron en 2015 cuando, al parecer, el mandatario al presentar el proyecto de inversión “Desarrollo de soluciones energéticas híbridas para abastecimiento de energía eléctrica en el departamento del Amazonas”, ante el OCAD y DNP, habría ordenado a sus colaboradores se expidieran certificaciones que indicaban que el mismo hacia parte del plan de desarrollo departamental; situación que no correspondía a la realidad.
Además, presentó ante DNP una certificación de la empresa EEASA para así demostrar que el proyecto tenía sostenibilidad cuando no era así, porque esa empresa no tenía la concesión del servicio de energía en la región y tampoco la posibilidad de la sostenibilidad del proyecto.
De acuerdo con las indagaciones adelantadas por la Fiscalía, el proyecto de inversión y los contratos que surgieron de él nunca debieron tramitarse ni celebrarse puesto que existían alertas del Ministerio de Minas que advertían al ex gobernador sobre la inconveniencia de continuar con el proceso de selección; no obstante, así lo continuó.
Estas acciones habrían sido las que motivaron la millonaria afectación a las finanzas de la administración. Los elementos de prueba recaudados indican que el exmandatario habría vulnerado los principios de pertinencia, viabilidad y sostenibilidad de los proyectos de inversión, pues se trata de recursos pertenecientes al Sistema General de Regalías.
Por estos hechos la Fiscalía le imputó el delito de peculado por apropiación en favor de terceros en calidad de autor material.
Esta información se publica por razones de interés general. CMRM/MAGA/MRC
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
