La condena se conocerá a finales de septiembre del año en curso.
Ante la contundencia de las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de conocimiento de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio en contra de los coroneles en retiro de la Policía Nacional Jerson Jair Castellanos Soto y Wilmer Torres Orjuela, y los declaró responsables del delito de constreñimiento a la prostitución.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos demostró en juicio que el señor Castellanos Soto frecuentó entre de 2005 y 2006 la Escuela de Cadetes General Santander con el fin de contactar jóvenes, ganarse su confianza con regalos e invitaciones a almorzar o a eventos deportivos y culturales; y posteriormente inducirlos a ejercer actividades sexuales.
En el curso del proceso fueron identificados, por lo menos, cinco alféreces que, en medio de presiones y la amenaza de que no podrían seguir la carrera policial, accedieron a reunirse con el coronel en retiro Castellanos Soto, quien para la época se desempeñaba como jefe de seguridad del Congreso de la República.
De otra parte, se estableció que el entonces mayor Torres Orjuela, que tenía a su cargo el control de los alumnos, intimidó a las víctimas y facilitó su salida de las instalaciones de la escuela para que acudieran a los encuentros con su superior, el coronel Castellanos Soto.
La juez de conocimiento fijó para finales de septiembre la audiencia en la que se dará a conocer la condena en contra de los dos oficiales en retiro.
Esta decisión se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
JARG/JFHR/DECVDH/MCRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
