La investigación da cuenta que, al parecer, no se cumplió con el objeto contractual y se habría presentado un manejo inadecuado de los recursos públicos.
Un fiscal adscrito a la seccional San Andrés imputó a tres exfuncionarios de la secretaría de infraestructura de la gobernación departamental, y a un particular, presuntamente implicados en hechos de corrupción relacionados con la construcción del complejo recreo deportivo conocido como Tropical Park.
Se trata de los ingenieros Sheena Pérez Livingston, Deisy Linn Cantero Manuel, José María Mejía Rubio, y el empleado de una empresa de aseo, Marco Walters Jessi.
Los hechos investigados ocurrieron en 2017 cuando al parecer los procesados omitieron su deber de vigilar y supervisar el adecuado destino de los recursos dispuestos para la construcción del complejo Tropical Park. La obra estaba a cargo del consorcio del mismo nombre.
Al parecer, los procesados omitieron su deber de vigilar y supervisar la destinación de los recursos públicos, generando un detrimento patrimonial de 89 millones de pesos, pues la obra no se terminó en su totalidad.
Pérez Livingston, Cantero Manuel y Mejía Rubio fueron imputados como posibles responsables del delito de peculado por apropiación en favor de terceros.
En cuanto a la investigación en contra de Walters Jessi, el ente acusador evidenció que habría falsificado la firma del representante legal de su empresa para justificar el cobro de 627 millones de pesos como pago por el traslado de escombros y elementos residuales desde la obra, hasta el sitio conocido como Magic Garden. El material de prueba da cuenta que esta gestión nunca se realizó.
Walters Jessi, es investigado por falsedad en documento privado.
Ninguno de los investigados aceptó su responsabilidad frente a los cargos que imputó la Fiscalía.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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MEVA/MAGA/TAM/DSSPS/MRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
