En una ofensiva contra el microtráfico realizada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se logró, en procesos distintos, enviar a prisión a 10 personas que, al parecer, se dedicaban a la venta de estupefacientes en diferentes puntos de esa ciudad.
Las investigaciones, que incluyeron labores de seguimiento, vigilancia, interceptaciones y agentes encubiertos, entre otros, permitieron en un primer caso, impactar al grupo delincuencial Los Thunder.
Estas personas presuntamente distribuían pequeñas cantidades de marihuana y cocaína en los barrios Santana, El Centro y El Cocal. Los procesados son: Rita Carrasquilla Romero, Diego Alfonso Díaz Reina, Jaime Emilio Arias Aldana y Robinsón Villareal Álvarez.
En un segundo proceso fueron judicializados, Juan Felipe May Maldonado, Erick Enrique Corpus, Edwin Jesús Herrera, Giovanny Cuesta Gutiérrez, Joel Núñez Hurtado Muñoz y Yorbis Esnaider Buelvas Gómez, quienes según parece, expendían estupefacientes en el sector céntrico de Playa de Sprat Bigth y Cayo Haynes.
Los investigados fueron capturados en diligencias de registros de allanamientos y en vías públicas realizadas por uniformados de la Policía el 8 y 9 de agosto del presente año en el archipiélago y en Cartagena (Bolívar).
En el desarrollo de las audiencias concentradas, una fiscal especializada les imputó de acuerdo a sus responsabilidades individuales los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, que no fueron aceptados.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados
MEVA/MG/TAM/DSS
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
