Los procesados estarían encargados de monitorear los movimientos de la Fuerza Pública para establecer rutas para movilizar cargamentos de estupefacientes.
También serían responsables de secuestrar empleados de ingenios azucareros en Cauca, además de hurtar maquinaria usada en dichos complejos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (DECOC), judicializó a Ana Ligia Collazos, alias La Mona, y Milton Javier Pillimue Rivera, conocido como ‘Mauricio’.
El material de prueba recaudado con el apoyo de la Dijin de la Policía Nacional evidenció que ‘La Mona’ sería una de las cabecillas de la columna móvil Dagoberto Ortiz de las disidencias de las Farc, y junto a ‘Mauricio’ vendría delinquiendo en contra de comerciantes, agricultores y empresas azucareras de Cauca.
Evidencia en poder de la Fiscalía vincularía a ‘La Mona’ y a ‘Mauricio’ con el secuestro del empleado de un ingenio azucarero, ocurrido el 9 de septiembre de 2022 en la vereda La Paila de Corinto (Cauca). Ese día Collazos y Pillimue Rivera, al parecer, haciendo uso de armas de fuego retuvieron al trabajador y hurtaron una retroexcavadora de propiedad de ese complejo.
‘La Mona’ sería la encargada de verificar los movimientos realizados por la Fuerza Pública en el sur del país, para permitir el movimiento de cargamentos de sustancias ilegales. También estaría implicada en la coordinación los cobros relacionados con extorsiones a comerciantes y ganaderos en Caloto, Padilla y Corinto (Cauca).
La Fiscalía imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; accesorios, partes o municiones agravado. Ninguno aceptó los cargos imputados.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
CMRM/MAGA/HM/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
