Fue declarado responsable del delito de feminicidio agravado.
La capacidad investigativa de la Fiscalía General de la Nación fue determinante para que un juez penal de conocimiento condenara a 41 años de prisión a Rubén Dario Díaz Campos, por asesinar a su compañera sentimental en un hotel ubicado en el barrio La Consolata, en Florencia (Caquetá).
Los hechos que motivaron la sentencia ocurrieron el 18 de marzo del año 2018. La pareja ingresó al establecimiento de comercio; sin embargo, horas después el hombre salió solo. Esta situación llamó la atención de los trabajadores del lugar que acudieron a la habitación que había sido alquilada para verificar. Al ingresar encontraron a la mujer muerta y con múltiples heridas ocasionadas con arma cortopunzante.
Videos de cámaras de seguridad, testimonios y otras pruebas obtenidas permitieron a un fiscal de la Seccional Caquetá establecer que Díaz Campos maltrató física y psicológicamente a su compañera durante los cinco años que convivieron. Asimismo, se acreditó que fue la persona que finalmente le quitó la vida.
En ese sentido, el fallo lo declaró responsable del delito de feminicidio agravado.
El condenado fue capturado por investigadores del CTI en febrero de 2021, en la vereda El Líbano, en jurisdicción de Acevedo (Huila). En su momento fue judicializado y desde entonces permanece privado de la libertad en centro carcelario.
La sentencia conocida es de primera instancia y sobre esta proceden los recursos de ley.
La Fiscalía habla con resultados.
PAAM/FAGH/FDD/NQB/DSC/JARG.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
