La víctima había adquirido unos euros en una casa cambios y fue interceptada en vía pública por dos hombres que le dispararon.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Julio César Martínez Caro, presunto integrante de un grupo delincuencial dedicado al hurto en la modalidad de fleteo.
Esta persona habría participado en el hurto y posterior asesinato de Michael Sebastián Valverde, ocurrido el pasado 16 mayo, en el sector de El Salitre, en el occidente de Bogotá. La víctima, de 20 años, salió de un centro comercial luego de adquirir unos euros. En vía pública fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una moto, le arrebataron el dinero y le dispararon.
Las actividades investigativas desplegadas desde el momento del crimen permitieron establecer que Martínez Caro iba en la motocicleta usada durante el hurto, y estaría involucrado en las vigilancias y seguimientos previos hechos a Juan Sebastián. En ese sentido, investigadores del CTI y de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá lo capturaron en el barrio San Joaquín, en la localidad de Engativá.
Un fiscal de la Seccional Bogotá presentó al detenido ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio; fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y hurto calificado y agravado. Los cargos no fueron aceptados por el procesado, que deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
Las indagaciones continúan para ubicar a los demás partícipes en estos hechos y establecer si Julio César Martínez Caro estaría implicado en otros casos de fleteo en Bogotá en los que las víctimas también murieron.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
