En operativo conjunto realizado entre la Fiscalía, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Policía y Ejército Nacional en Bucaramanga, se logró la captura de tres personas, quienes presuntamente estarían induciendo a la prostitución a 11 mujeres que fueron rescatadas.
De acuerdo con la investigación desde hacía aproximadamente un año, los hoy asegurados estaban captando mujeres en estado de necesidad para inducirlas a la prostitución, exigiéndoles un pago porcentual por los servicios sexuales que era anunciados a través de las redes sociales o páginas web de ésta índole ofreciendo servicios a domicilio en lugares reservados o en el barrio La Joya, en donde tenían su centro de operaciones.
En el operativo de captura, que contó con el apoyo de la Fundación Internacional de Rescate de Niños y la ONG Recuperación Aéreo, se logró la liberación de dos menores de edad de 14 y 16 años; tres de nacionalidad extranjera y seis mayores de edad, quienes al parecer estaban en estado de sometimiento por parte de los asegurados.
La Fiscalía les imputó cargos a Diana Marcela Peña, André Socha y Gabriel Ramírez Badillo por su presunta responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir, inducción a la prostitución, proxenetismo con menor de edad constreñimiento a la prostitución, estimulo a la prostitución, utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con persona menor de 18 años y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Un juez con funciones de control de garantías los envió a prisión.
La Fiscalía habla con resultados.
DA/VHGB/MR/DSS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
