Fiscales adscritos a la Seccional Huila judicializaron a dos hombres investigados por, presuntamente incurrir en reiteradas agresiones físicas y psicológicas contra dos mujeres.
Se trata de Andrés Felipe Bustos Otálora, capturado en flagrancia el pasado 24 de junio en el barrio Centro de Neiva (Huila). Según la investigación, el procesado llegó al establecimiento comercial donde labora la víctima; a quien habría insultado y golpeado frente a varias personas que estaban en el lugar.
El reporte oficial entregado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dictaminó para la mujer una incapacidad de 12 días. Hechos similares habrían ocurrido desde 2018, cuando la pareja inició la relación sentimental. Según se pudo determinar producto de las agresiones la mujer perdió tres bebés; dos en 2020; uno más en 2022.
El segundo caso implicaría a Duván Felipe Esquivel Avilés, investigado como posible responsable de herir con arma cortopunzante a su excompañera sentimental, en noviembre de 2022.
La Fiscalía determinó que la mujer fue víctima de agresiones en vía pública del barrio Luis Carlos Galán. Según se estableció, el procesado ubicó a la mujer en el lugar donde esperaba el transporte público hacia su trabajo.
Labores de policía judicial evidenciaron que este tipo de maltratos vendrían siendo cometidos desde 2020. La mujer recibió una incapacidad medicolegal de siete días.
Los fiscales trasladaron escrito de acusación contra los procesados como presuntos autores del delito de violencia intrafamiliar agravada. Ninguno de los investigados aceptó los cargos en su contra.
La Fiscalía habla con resultados.
LMGM/MAGA/DFHI/DSH
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
