Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces con funciones de control de garantías privaron de la libertad a 10 presuntos integrantes de dos grupos delincuenciales dedicados a la venta de sustancias alucinógenas en el asentamiento humano conocido como Los Güires de Arauca (Arauca).
Según las autoridades, a través de labores de policía judicial evidenciaron que el modus operandi de estos grupos es la venta de la sustancia en pequeñas cantidades utilizando sus residencias y la entrega a domicilio a los compradores.
Las capturas fueron realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército y Policía y Armada Nacional en diligencias de allanamiento y registro realizadas este 3, 4, 5 y 6 de junio a viviendas de dicho sector. En los operativos, las autorizades incautaron bazuco, cocaína, una gramera, celulares y bolsas herméticas, dinero en efectivo y una motocicleta, al parecer, utilizada para la movilizar la sustancia.
En audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó cargos a los hoy procesados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Por su parte el juez envió a la cárcel a Janet Josefina Chuellos Sanchez, alias Guajira; Michel Douglas Rodríguez Velázquez, alias Barbero; Brandon Anuar Mejía Vargas, alias el Enano; Eliecer Isai Matos Chacón, alias Eliecer; Luis Alberto Serrano Maldonado, alias el Mono; Luis Antonio Medina Reyes, alias Pipo; y Jean Carlos Rojas Chuellos, alias Poma; Rosemary Andreina Herrera Rangel, Ángelo Jesús Garrido, Jairo Rivas Morales.
Mientras que Ángel Uriel Rojas Rojas se le otorgó detención domiciliaria.
La Fiscalía habla con resultados.
MPHA/MG/HMCR/DSA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
