Tras analizar la evidencia probatoria presentada por un fiscal especializado de la Seccional Risaralda, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra cuatro personas que estarían implicadas en extorsiones bajo la modalidad conocida como “falso servicio”.
El primer caso se presentó en diciembre de 2021 cuando los investigados, al parecer, contactaron a un veterinario para que, supuestamente, atendiera varias reses en zona rural de Pereira por presuntamente estar afectadas con mastitis.
Otro caso ocurrió en febrero de 2022. Los procesados habrían contactado a un psicólogo para presuntamente realizar pruebas a aspirantes a vacante laboral. Los candidatos le habrían hecho creer a la víctima que se reunirían en zona rural de la capital risaraldense.
La Fiscalía determinó que los imputados, al parecer, guiaban telefónicamente a las víctimas para que llegaran a los lugares para realizar presuntas labores. Los procesados habrían pedido descripciones a los profesionales para lograr ubicarlos.
Una vez en zonas despobladas, las víctimas eran llamadas a sus celulares por un hombre que decía ser comandante de un grupo al margen de la ley, quien les exigía el pago de 10 millones de pesos a cada uno, so pena de ser asesinados. La misma suerte podrían correr sus familiares.
Jaime Rey Moreno, Jonathan Gil Arocha, Viviana Paola Rodríguez y Katerín Viviana Silva Álvarez fueron imputados con el delito de extorsión agravada.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
CLCG/MAGA/AJBJ/DSR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
