Luego de adelantar las investigaciones pertinentes y de conocer las denuncias de las víctimas, un Fiscal de la Seccional Meta logró recopilar suficientes elementos de prueba contundentes para que un juez con función de control de garantías acogiera la solicitud de judicializar a quien sería integrante del grupo delincuencial conocido como Los Triple X, dedicado al secuestro y hurto de sus víctimas.
El ente acusador investigó dos casos que se habrían presentado el 1 de mayo del 2022 cuando la víctima fue contactada por una aplicación y quien fue citada al barrio El Jordán de Villavicencio, pero cuando llegó fue abordado por el hoy capturado Juan David Reina Rivera y dos hombres más, quienes lo habrían sometido y puesto en condiciones de indefensión utilizando armas blancas, lo desnudaron y lo golpearon. Supuestamente, estas personas habrían enviado mensajes por WhatsApp a familia de la víctima donde exigían el envío de importantes sumas de dinero.
El otro caso habría sucedido el 9 de abril del 2022, cuando con el mismo modus operandi, contactaron otro hombre a quien, al parecer, amordazaron y habrían ejercido violencia contra la víctima. En este caso, presuntamente hurtaron una importante suma de dinero.
La captura de Juan David Reina Rivera se hizo efectiva en el barrio El Recreo de Villavicencio, el Fiscal del caso le imputó los delitos de secuestro, concierto para delinquir y hurto calificado y agravado, cargos a los que no se allanó; no obstante, el juez acogió las pretensiones del ente acusador y dictó medida carcelaria en su contra.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
