Los investigados, al parecer, distribuían el estupefaciente a jóvenes y menores de edad.

La contundencia del material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación, permitió que una juez de garantías enviara a un centro carcelario a nueve presuntos integrantes de la organización ilegal ‘Linterama’.

Los procesados, al parecer, almacenaban, distribuían y comercializaban estupefacientes en los parques Linterama y Granjas del Dorado, ubicados en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá

En la foto los procesados capturados vigilados por uniformados de la policía, al frente una mesa conelementos incautoados a los capturados
NUEVE PROCESADOS FUERON ENVIADOS A PRISIÓN

Seguimientos, entrevistas y recolección de videos entre otras labores de policía judicial dan cuenta de que los capturados, presuntamente ofrecían estupefacientes a jóvenes, algunos de ellos menores de edad que visitaban los parques de esta localidad.

Un fiscal adscrito a la seccional Bogotá les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de sustancias estupefacientes, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego además de violencia contra servidor público.

Los procesados fueron identificados como Luis Felipe Becerra Córdoba, Enmanuel Jesús Barrios González, Josee Agustín López Altuve, Raymon David Gratero Linares, Daymaris Elizabeth Rebolledo Polanco, Stefany Moncalla Cilgado, Deivis Whiteker Montilla Valero, Jeimmy Viviana Forero Rincón, Danielvis Manuel Pereira Segovia y Yerimi Oswaldo Oliveras Arzuaga.

Ninguno de los investigados aceptó su responsabilidad en los delitos imputados.

La Fiscalía habla con resultados.                                    

 

 

 

FAGH/MAGA/MR/OB/SB/

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.