Luego de acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de penal municipal de Cúcuta (Norte de Santander) impuso medida de aseguramiento a una mujer y dos hombres, dedicados presuntamente a la distribución de sustancias ilícitas, en la comuna 8 de esta ciudad.

Los procesados Diego Andrey Vergel Silva, Yurani Picón Paba y Juan Esteban Julio Herrera, fueron capturados mediante procedimiento de registro y allanamiento adelantado por la Policía Nacional el 25 de mayo reciente. La Fiscalía les formuló cargos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En imagen se aprecia a los tres capturado junto a uniformados de la Policía Nacional. En la parte posterior el banner que identifica a la Sijin de la Policía Nacional
Los procesados serían los presuntos responsables del expendio de sustancias estupefacientes especialmente cocaína en el sector de Estoraques de la comuna 8 de Cúcuta

En las indagaciones adelantadas se pudo establecer a través de información de la comunidad que existía en dicho sector una casa utilizada, al parecer, por los implicados en la distribución de sustancias estupefaciente en la modalidad de menudeo, especialmente cocaína.  Hechos que estarían afectando a la población vulnerable como menores de edad. 

Durante la diligencia de allanamiento se incautó 183 dosis de cocaína, una gramera, cien bolsas para empaque, y un arma de fuego traumática.  A la cárcel Modelo de eta ciudad fueron enviados los investigados que no aceptaron su responsabilidad tras la imputación del fiscal del caso.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

MPHA/MG/JAAL/DSNS

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.