En una ofensiva contra el delito en la isla de San Andrés, la Fiscalía logró que, en dos procesos diferentes, un juez de control de garantías enviara a la cárcel a un hombre que participó en un doble homicidio y que un juez penal para adolescente, dictara medida de internamiento preventivo a un menor de edad, que también habría cometido un asesinato.
La primera investigación afectó a Randy Ryan Gordon Fiquaire por los hechos ocurridos el pasado 18 de marzo, en el barrio Loma Barack, donde el procesado junto a otra persona habría disparado con arma de fuego a dos hombres.
El primero de ellos murió de manera inmediata, mientras que otro falleció siete días después en un centro asistencial de Medellín (Antioquia), donde era atendido.
Labores investigativas permitieron establecer que el atentado se habría originado por temas de intolerancia entre habitantes de barrios de la isla.
Por estos mismos hechos ya se encuentra asegurado otra persona, quien fue detenido el 25 de abril de 2023.
Un segundo caso ocurrió en el barrio Loma Barack, el 21 de julio de 2022, cuando al parecer, un joven de 17 años, desde una motocicleta le disparó en varias ocasiones a un hombre, causándole la muerte.
La captura de Gordon Fiquaire se produjo el 14 de mayo último, mientras que la aprehensión del menor de edad se realizó un día después por la Policía Nacional.
En audiencias concentradas, la Fiscalía les imputó los delitos homicidio y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego, los cuales no aceptaron.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MEVA/MG/TAM/DSSPS
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
