La exfuncionaria escapó de la custodia de los guardas del INPEC mientras cumplía una cita odontológica en el norte de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a la excongresista Aida Merlano Rebolledo, y le imputó el delito de fuga de presos.

Los hechos investigados ocurrieron el 01 de octubre de 2019. La exfuncionaria, quien cumplía condena de 15 años de prisión, fue trasladada por la guardia del Instituto Nacional y Penitenciario (INPEC) a un consultorio odontológico del norte de Bogotá, para asistir a una cita que tenía programada.

Los registros fílmicos y los elementos de prueba recopilados por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín dan cuenta de que Merlano Rebolledo llegó a las 11 de la mañana al lugar. Al parecer, recibió una maleta de sus hijos que la esperaban, sacó una cuerda, la amarró a la base de una unidad dental y la usó para escapar por la ventada de un segundo piso. En la calle era esperada por un motociclista que la trasladó a un lugar desconocido.

Para la Fiscalía, la excongresista habría actuado premeditadamente y sabía que recibiría apoyo para concretar la fuga, se fue a Venezuela y solo retornó al país luego de ser expulsada el pasado 10 de marzo.

Aida Merlano Rebolledo no aceptó el cargo en su contra. El juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad, no podrá salir del país y debe mostrar buena conducta.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

LAGP/LMFO/JARG/JADM/DSM/MRC/

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.