Bajo la coordinación de una fiscal de Unidad de Vida de la Seccional Risaralda, Sebastián Mosquera Machado y un menor de 15 años, fueron judicializados como posibles responsables del homicidio de un conductor inscrito en una plataforma digital, el pasado 10 de marzo en el barrio Nacederos de Pereira.
Labores de policía judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Policía Nacional, determinaron que la víctima no conocía el sector por el que se movilizaba e ingresó al barrio en donde al parecer fue interceptado por los hoy investigados quienes le dispararon en repetidas oportunidades causándole la muerte de inmediato.
Mosquera Machado fue capturado en desarrollo de diligencias de allanamiento adelantadas con el apoyo del Ejército Nacional. En estas acciones también fue aprehendido el menor de edad. De la misma manera, fue incautada un arma, munición de diferentes calibres y distintas cantidades de estupefacientes como bazuco, 2cb; además de dinero en efectivo y celulares.
Las dos personas fueron judicializadas según su responsabilidad individual como posibles responsables de los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; concierto para delinquir, todos agravados y uso de menores de edad para la comisión de delitos.
Por petición de la Fiscalía un juez con función de control de garantías impuso a Mosquera detención en un centro de reclusión; mientras el menor de edad fue enviado a centro de internamiento preventivo de atención especializado.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
CLCG/MAGA/GRM/DSR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
