La persona beneficiada, identificada como Édison Guillermo Velásquez Álvarez, alias Farid, cumplía pena de seis años de prisión por varios delitos.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Carlos Eduardo Castañeda Lara y Luis Alejandro Blanco Bolívar, inspector y dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), respectivamente, como presuntos responsables del delito de cohecho impropio.
El 23 de diciembre de 2016, los dos funcionarios, al parecer, recibieron 600.000 pesos en efectivo para agilizar el traslado del Édison Guillermo Velásquez Álvarez, alias Farid, cabecilla de la estructura criminal conocida como Autodefensas Libertadores de Los Llanos Orientales, quien había sido beneficiado con detención domiciliaria.
Los guardianes, presuntamente, llevaron al interno de la cárcel La Esperanza de Guaduas (Cundinamarca) a un hotel en Puerto Boyacá (Boyacá), contrario al sitio dispuesto por la remisión, que era un conjunto residencial. En ese lugar debía terminar de cumplir una condena de más de seis años de prisión por los delitos de concierto para delinquir en concurso; y tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego.
En las verificaciones se constató que alias Farid fue recibido en el hotel por una mujer, a quien el director de la cárcel La Esperanza le había arrendado un casino para la atención de los servidores.
El juez penal de conocimiento a cargo del caso fijó el inicio de la audiencia preparatoria de juicio para el próximo 30 de mayo.
Por estos hechos también son procesados el exdirector de la cárcel La Esperanza, mayor Fabián Ríos; y el dragoneante Yefri Torres Torres.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/EAC/DECC/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
