Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación fueron judicializados dos hombres que habrían agredido física y verbalmente a sus parejas en zona rural y urbana de San José del Guaviare (Guaviare) 

En el primero de los casos, ocurrido el pasado 5 de febrero en área rural de la capital guaviarense, el presidente de la Junta Acción Comunal de una vereda diferente a donde ocurrieron los hechos, habría agredido físicamente a su pareja embarazada a quien, al parecer, volvió a golpear después en vía pública.  

Ante el ataque, una expareja del agresor que pasaba por el lugar trató de intervenir, pero también habría sido agredida por el presunto victimario. Su hijo de 13 años también habría sido amenazado.

El hombre fue capturado con orden judicial por servidores de la Policía Nacional con el apoyo del Ejército y no se allanó a los cargos endilgados por el delito de violencia intrafamiliar agravada en concurso homogéneo y sucesivo. La judicatura le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

El otro hecho ocurrió en vía pública del centro de San José del Guaviare, donde un hombre habría golpeado en rostro y cabeza a su expareja sentimental y le causó heridas que le generaron incapacidad médico legal de 5 días.

Aunque la víctima no quiso denunciar a su presunto agresor, éste fue judicializado por la Fiscalía que le imputó cargos por violencia intrafamiliar agravada, sin aceptación de este.  Un juez de control de garantías le dictó medida no privativa de la libertad condicionada. 

La Fiscalía habla con resultados. 

 

 

 

 

 

 

PYMP/LFML/ICLH/DSG 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.