Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Fernando Gómez Palomino, de 29 años, presuntamente responsable de maltratar verbalmente a sus padres. 

En la foto aparece de pie y con los brazos atrás Luis Fernando Gómez Palomino. Viste buso claro con estampado rojo a la altura del pecho; pantalón de judadera gris, tenis negros con blanco. Al lado derecho de él hay un servidor del CTI de la Fiscalía y a su izquierda un uniformado de la Policía Nacional. Detrás de ellos hay un pendón interinstitucional de la Fiscalía.
Luis Fernando Gómez Palomino, enviado a la cárcel como presunto responsable de maltratar verbalmente a sus padres, en Popayán (Cauca).

El procesado fue capturado por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijin de la Policía Nacional en Popayán (Cauca), esto luego de ser denunciado por sus progenitores quienes afirmaron que su hijo los vendría agrediendo desde octubre y, al menos, hasta noviembre del 2022. 

Por esos hechos y de acuerdo con las pruebas recaudadas por la policía judicial, la Fiscalía solicitó orden de captura contra el ahora procesado, a quien la Fiscalía le imputó el delito de violencia intrafamiliar, cargo que no fue aceptado por este hombre; a quien le figuran seis anotaciones judiciales por violencia intrafamiliar y hurto. 

Por decisión del juez esta persona deberá cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario. 

Esta información se publica por razones de interés general.  

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

 

 

MAP/MAGA/GAMM/DSC/ 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.