La Fiscalía ha judicializado a otras 11 personas por la muerte del funcionario que se desempeñaba como comandante de vigilancia en la cárcel de Combita (Boyacá).
El trabajo investigativo adelantado por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Boyacá, permitió capturar y judicializar a quien sería uno de los principales articuladores del ataque sicarial que acabó con la vida del capitán del INPEC, Luis Eduardo Millán Manrique, ocurrido el 18 de junio de 2019, en la vereda San Onofre (Boyacá).
Se trata de Cristian Alexander Villegas Quiroz, alias Colorado, quien de acuerdo con el material de prueba recopilado por la Fiscalía, habría sido el enlace principal entre integrantes de organizaciones criminales recluidos en el penal de máxima seguridad de Combita y los sicarios contratados para acabar con la vida del funcionario que se desempeñaba como comandante de vigilancia de esa cárcel, aparentemente, en retaliación por las decisiones tomadas en materia de seguridad dentro del penal.
Asimismo, las evidencias dan cuenta que el detenido estuvo en el lugar del asesinato del Capitán, al parecer, para garantizar que los sicarios cumplieran con el objetivo criminal.
Con abundante material de prueba, un fiscal adscrito a la Seccional Boyacá le imputó a alias Colorado, los delitos de homicidio agravado; y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego. Un juez de garantías accedió a la petición de la Fiscalía y privó de la libertad al procesado en un establecimiento carcelario.
En curso de esta investigación, la Fiscalía ha judicializado a otras 11 personas, 10 de ellas ya fueron condenadas.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LMBG/MAGA/NFR/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
