La procesada aceptó los delitos de actos de discriminación y hostigamiento agravado.

Como parte del trabajo investigativo realizado por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Bogotá y con el acompañamiento de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se corrió traslado del escrito de acusación en contra de Luz Fabiola Rubiano de Fonseca, como presunta responsable de los delitos de actos de discriminación y hostigamiento agravado.

Los elementos de prueba dan cuenta de que el 26 de septiembre de 2022, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, la hoy procesada emitió declaraciones ante varias cámaras y medios de comunicación en contra de la dignidad y la integridad de la Vicepresidenta de la República, Francia Elena Márquez Mina, la comunidad afrodescendiente e integrantes del Partido Comunista Colombiano.

Para la Fiscalía, los mensajes se masificaron con rapidez en las redes sociales y generaron daño en la honra y la dignidad humana de un grupo poblacional, y directamente a la señora Vicepresidenta, afectando el derecho fundamental a la igualdad.

Durante la diligencia la señora Rubiano de Fonseca aceptó de manera libre y voluntaria los cargos en su contra. En ese sentido, el escrito de acusación se remitirá a un juez penal de conocimiento para efectos de que emita condena.

Este proceso se sigue dentro de los parámetros definidos en el Procedimiento Penal Abreviado (Ley 1826 de 2017).

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

 

 

JARG/HATP/FAOR/DECVDH/DSB/MCRC.

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.