El procesado fue detenido cuando intentaba hurtarse una motocicleta en Mariquita.

Juan Carlos Leguízamo fue detenido en flagrancia en San Sebastián de Mariquita (Tolima), cuando al parecer se encontraba tratando de comercializar una motocicleta la cual figuraba como hurtada.

En la imagen se ve una persona detenida bajo custodia de la Policía y el CTI de la Fiscalía. Detrás suyo un backing de ambas instituciones. Delante de ellos una motocicleta recuperada la cual había sido hurtada.
El hombre fue detenido cuando al parecer trataba de vender una motocicleta que fue reportada como hurtada en Mariquita.

Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscrito a la unidad local de Honda (Tolima) en coordinación con policía judicial del Departamento, lo detuvieron este 25 de enero en el barrio Villa Holanda del municipio tolimense de San Sebastián de Mariquita.

De acuerdo con información recolectada por las autoridades, el hombre se encontraba ofertando una moto que había sido hurtada el mismo día en el barrio El Dorado del mismo municipio, bajo la modalidad de halado.

El rodante había sido extraído en horas de la madrugada de la residencia de la víctima tras violentar la cerradura de la puerta para poder ingresar.

Tiene la Fiscalía fuertes indicios de que el procesado, quien fue imputado por el delito de receptación, pueda estar involucrado en el hurto de otros rodantes, entre ellos una motocicleta a mediados de enero en la misma municipalidad.

El hombre que no aceptó los cargos imputados por la delegada fiscal que conoció el caso, permanecerá en centro de reclusión mientras avanza la investigación.

PAAM/LYBT/MHB/DST

La Fiscalía habla con resultados.

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.