Una vez la procesada se percató de la orden de captura en su contra, al parecer, intentó mantenerse en el anonimato en un municipio de Cundinamarca, donde finalmente fue capturada por el CTI y la Policía Nacional.
En Funza (Cundinamarca) fue capturada una mujer señalada de presuntamente realizar 340 transacciones financieras fraudulentas para hurtar millonarias sumas de dinero.
Se trata de Nathalia Andrea Benítez Aponte quien, de acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Seccional Cundinamarca, habría ingresado de manera fraudulenta a cientos de cuentas bancarias, nacionales e internacionales, para sustraer altas sumas de dinero, muchas de estas superiores a los 10 millones de pesos.
Labores de policía judicial evidencian que la mujer habría incurrido en estos delitos desde 2020, periodo en el cual, se cree, contó con el apoyo de varias personas, incluso al interior de las entidades financieras. En desarrollo de estas acciones ilegales la procesada, al parecer, se apropió de cerca de 440 millones de pesos.
Los fraudes electrónicos serían realizados desde Medellín (Antioquia). El material de prueba recaudado señala que, una vez Benítez Aponte se percató de la orden de captura en su contra habría intentado mantenerse oculta en un municipio de Cundinamarca, pero hasta ese lugar llegaron servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional para capturarla.
La Fiscalía imputó a la procesada los delitos de concierto para delinquir y hurto por medios electrónicos. Ante la contundencia del material de prueba recopilado, un juez de control de garantías le impuso a la mujer medida de aseguramiento privativa de la libertad.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
LMBG/MAGA/GJOO/MRC.
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.