Más de 310 personas habrían sido defraudadas por el servidor público. Al parecer, el procesado les prometía el pago de elevados intereses por invertir en novedosos modelos económicos.

 

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Boyacá, logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario al concejal del municipio de Duitama (Boyacá), Pablo Andrés Santiago Berdugo.

De acuerdo con los elementos materiales de prueba aportados por el ente investigador, el procesado habría utilizado su posición para ganarse la confianza de, al menos, 310 personas a quienes habrían defraudado en más de 5.500 millones de pesos. Según las denuncias los hechos se presentaron entre septiembre de 2020 y agosto de 2022.

Las víctimas, se cree, eran persuadidas por el investigado para que invirtieran su dinero en tres supuestos novedosos modelos económicos que reconocían elevados intereses. La investigación da cuenta que una mujer habría entregado 70 millones de pesos, con la ilusión de obtener los rendimientos prometidos por Santiago Verdugo.

Según las denuncias de las víctimas, para dar apariencia de legalidad a las inversiones, el hoy imputado entregaba letras de cambio y contratos de inversión como respaldo, los cuales finalmente no contaban con ningún tipo de validez.

Labores de policía judicial evidenciaron que el dirigente político habría usado una empresa de construcción de su propiedad; con sedes en Duitama, Sogamoso y Tunja (Boyacá), para ganar credibilidad frente a las víctimas.

Por estos hechos el concejal fue capturado en Duitama el pasado 12 de diciembre por servidores del CTI. La Fiscalía imputó al procesado como presunto responsable de los delitos de captación masiva y habitual de dinero, y negativa de reintegro, cargos que no fueron aceptados.

 

La Fiscalía habla con resultados.                                                            CMRM/MAGA/MM/MRC

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.