La imputada, quien ya tiene procesos pendientes, fue judicializada por supuestamente ordenar extorsiones y homicidios en varios municipios de Sucre.
Una fiscal especializada Gaula de la seccional Sucre presentó material probatorio suficiente para que un juez con funciones de control de garantías cobijara con medida de aseguramiento intramural a Eloína Rosa Muñoz Suárez por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión y homicidio.
Muñoz Suárez, alias ‘La Mona’, presuntamente sería la cabecilla del ala militar de Coveñas (Sucre), de la subestructura Manuel José Gaitán, del Clan del Golfo.
De acuerdo con la investigación alias ‘La Mona, presuntamente era quien ordenaba las extorsiones y los casos de sicariato a los hombres que tenía a su mando, quienes además debían reportar el recaudo mensual que recibían producto de sus intimidaciones y que oscilaba entre los 200 mil y los 5 millones de pesos.
El dinero era llevado a un restaurante de la región donde, al parecer, se hacían las reuniones para pagar nómina y recoger el dinero producto de las extorsiones con el jefe financiero.
A su vez, la Fiscalía pretende demostrar que la hoy imputada hacía parte de una estructura criminal que habría iniciado sus acciones delictivas en enero de este año y que ejerce dominio en los municipios de Tolú, Coveñas , Toluviejo , San Antonio de palmito y Coloso en el departamento de Sucre.
Se pudo evidenciar que las principales víctimas de alias ‘La Mona’ serían comerciantes, propietarios de fincas y ganaderos. Se le relaciona también con el homicidio del señor Fabián Berrío Mercado y Alfonso Perna.
Muñoz Suárez tiene sentencias condenatorias vigentes por concierto para delinquir y varias investigaciones en juicio por homicidios.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
VHGB/FAGH/SD/DSS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
