Un amigo del padre de la víctima también estaría involucrado en las agresiones, que ocurrieron durante el último año en el área metropolitana del Valle de Aburrá.
Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a dos hombres que habrían abusado sexualmente de un niño de cuatro años en Bello (Antioquia).
“Lo más aberrante de este caso, es que uno de los procesados es el padre de la víctima. La investigación permitió conocer que cuando salía de trabajar como profesor universitario recogía al menor de edad y lo llevaba a la casa de un amigo donde lo sometían a distintos vejámenes y agresiones en contra de su integridad y formación sexual”, explicó el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, cuando dio a conocer el caso.
De acuerdo con la investigación realizada por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS), los ataques ocurrieron entre junio de 2021 y julio del año en curso. Asimismo, se conoció que, en algunas oportunidades, el niño fue obligado a caminar con prendas y accesorios femeninos antes de ser abusado.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses dictaminó que, producto de las agresiones, el menor de edad contrajo una enfermedad de transmisión sexual.
Por estos hechos, los dos hombres fueron imputados por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años, ambas condutas agravadas. Los procesados fueron capturados en diligencias realizadas por la Fiscalía y la Policía Nacional.
La Fiscalía habla con resultados.
LFML/MG/JARG/MVS/DSM.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
