Ante un juez de control de garantías de Popayán (Cauca), la Fiscalía General de la Nación judicializó a nueve presuntos responsables de falsificar licencias de conducción.
Se trata de Edisson Fernando Puchana Dagua, Brayan Eduardo Carlosama Guañarita, Yennyfer Tatiana Sánchez Suárez, Jhony Javier Epe Hernández, José Franuel Ordóñez, Jesús Eugenio Muñoz Rivera, Velkin Haner Velasco Girón, Bertha Nidia Barrera Vargas y Juan Alberto Certuche Orozco.
De acuerdo con la investigación, estas personas habrían aprovechado su condición de instructores en una escuela de conducción para suplantar alumnos e instructores ante los mecanismos de verificación biométrica y realizar registros fraudulentos ante las respectivas secretarías de tránsito de Popayán, Timbío y El Tambo (Cauca).
Esto le habría permitido a varias personas obtener las condiciones de conducción; a pesar de no cumplir con el número de horas de teoría, ni de práctica requeridas.
Personal de la Policía Nacional capturó a los presuntos implicados y los dejó a disposición de la Fiscalía para su judicialización. Un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Cauca imputó a los procesados los delitos de fraude procesal y concierto para delinquir.
También solicitó la suspensión de la personería jurídica de la escuela de enseñanza, y el cierre de la misma.
Por decisión del juez Carlosama Guañarita deberá cumplir la medida de aseguramiento en su lugar de residencia. Los demás imputados comparecerán al proceso en libertad.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAP/MAGA/GAMM/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
