Sara María Zapata Marín, exdirectora de Gestión Ambiental en Amagá (Antioquia), pedía una cuota mensual a un contratista en contraprestación por haberla ayudado a ingresar a la entidad.
Luego de evaluar las pruebas presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez promiscuo municipal de Antioquia condenó a Sara María Zapata Marín, exdirectora de Gestión Ambiental y Minera de la Alcaldía de Amagá (Antioquia), a 10 años y ocho meses de prisión por exigir el 10% del salario a un subalterno.
Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Antioquia estableció que la exfuncionaria participó en el proceso de selección de un contratista de prestación de servicios y asumió la supervisión de las actividades encomendadas. Asimismo, demostró que por favorecer al trabajador le pidió a cambio el pago mensual de $280.000.
Los dineros solicitados fueron desembolsados durante cuatro meses a dos cuentas bancarias, una de estas pertenecía a la mamá de la entonces directora de Gestión Ambiental de Amagá.
La sentencia declaró responsable a la señora Zapata Marín del delito de concusión y dispuso su captura inmediata para hacer efectiva la pena en establecimiento carcelario. De igual manera, fijó una multa de 88 millones de pesos y una inhabilidad 128 meses para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
La decisión es de primera instancia y contra la misma proceden los recursos de ley.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/JARG/DAC/DSC/MRC.
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
