De acuerdo con el ente investigador el imputado fue capturado en flagrancia cuando cobraba una cuota económica a cambio de no atentar contra dos establecimientos comerciales en Sucre.

En la imagen se ve un hombre capturado entre dos funcionarios del CTI y el Gaula Militar y frente a una motocicleta incautada.
El indiciado no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía.

Luego de los argumentos presentados por un fiscal especializado de Sincelejo, un juez dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Deimer Chávez Ríos por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa.

Al interior del proceso se pudo establecer que el día 11 de octubre del año en curso, fue capturado en flagrancia Chávez Ríos, al momento de presuntamente cobrar la cuota extorsiva que se le venía exigiendo al señor Jaime Rafael Gutiérrez por el funcionamiento de dos droguerías ubicadas en Majagual (Sucre).

Según la investigación el imputado exigía $400.000 mensuales para que los locales pudieran funcionar o de lo contrario debía cerrarlos o atentarían contra los mismos e incluso contra los trabajadores.

El procesado, quien no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, aseguró ser de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Funcionarios de la Fiscalía, la Policía, la Armada y el Ejército capturaron al indiciado el 11 de octubre del año en curso en el mismo municipio donde pretendían hacer las extorsiones y luego de realizar la respectiva denuncia penal.

Al imputado se le incautó un celular con 3 simcard, una motocicleta y un paquete señuelo, con el cual se pretendía pagar la extorsión.

La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.

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VHGB/FAGH/SD/DSS

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.