Según la investigación los indiciados vendrían cometiendo todo tipo de vejámenes contra víctimas de 5 y 9 años. Ninguno aceptó los cargos imputados.
Tras la solicitud de un fiscal seccional del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), un juez dictó medida de aseguramiento intramural en contra de dos hombres por delitos sexuales que afectan a menores de edad.
En el primero de los casos un hombre fue judicializado por su presunta responsabilidad en abusos sexuales con una menor de nueve años, quien sería su nieta.
Los hechos materia de investigación se presentaron, durante agosto y septiembre del año en curso, en el municipio de Ayapel (Córdoba).
De acuerdo con la investigación en el barrio Alberto Lleras el imputado presuntamente y en situaciones repetidas habría realizado actos libidinosos con la menor y en la última ocasión la habría accedido carnalmente.
El imputado no aceptó los cargos endilgados por acceso carnal violento agravado en concurso heterogéneo con actos sexuales con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo.
El hoy procesado fue capturado el 12 de octubre en curso en Ayapel.
Por otra parte Alejandro Antonio Garay Polo fue judicializado por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo sucesivo.
Según el ente investigador el imputado realizó, al parecer, sobre una menor de 4 años actos libidinosos aprovechando la confianza que tenía con la familia de la niña. Incluso se indaga si el victimario le mostraba en su celular vídeos pornográficos, cuando se ofrecía a ayudarle con las tareas a la víctima.
Los hechos materia de investigación habrían ocurrido en los meses de febrero y marzo de este año en el barrio La Concepción, de Chinú (Córdoba). Fue capturado el 10 de octubre en curso en el mismo municipio.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
VHGB/FAGH/KEN/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
