Tres personas que formarían parte del grupo delictivo La Oficina fueron privadas de la libertad, durante tres diligencias registro y allanamiento en las que se incautó una granada de fragmentación, armas de fuego, munición y estupefacientes, en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca).
Un juez de control de garantías, acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación que investiga a los hoy imputados por delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, munición de uso restringido, de uso privativo de Fuerzas Armadas o explosivos; terrorismo y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, según su presunta responsabilidad
Se trata de Carlos Andrés Perlaza Carabalí, Andrés Camilo Perlaza Carabalí y Edgar Andrés Mina Moreno.
Los hombres fueron capturados en flagrancia, por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y Gaula Policía, con apoyo del Gaula Militar, durante tres diligencias de registro y allanamiento, ordenadas por un fiscal especializado de la Seccional Valle del Cauca, en inmuebles ubicados en los barrios Villa Liliana, Las Delicias y en la invasión Brisas del Valle, de esa localidad.
Durante dichas diligencias, las autoridades incautaron 1 granada de fragmentación, panfletos extorsivos, 6 teléfonos celulares, 1 pistola traumática, 100 gramos de base de coca y 38 dosis de la misma; 240 dosis de marihuana, 8 bolsas dosificadas de TSB con esticker de la cara del diablo; elementos para la fabricación, pesaje y embalaje de narcóticos y 10 cartuchos 9 mm y 10 cartuchos calibre 38. Químicos saborizantes, jeringas y cuadernos con supuesta información de giros de dinero producto de extorsiones.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAP/MG/SMLR/DSVC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
