La solidez del material probatorio recaudado por una fiscal de la Seccional Risaralda permitió que un juez de control de garantías privara de la libertad en centro carcelario a 10 presuntos integrantes de la organización delincuencial Fortaleza, presuntamente, responsables de cometer homicidios y otros delitos.
Esta red criminal sería la encargada de comercializar estupefacientes y de perpetrar homicidios cometidos en medio de disputas territoriales especialmente en los barrios Miraflores, Dorado y San Luis (Pereira); al igual que en los sectores de Los Pinos, Frailes y Guamos en Dosquebradas (Risaralda).
Con esta acción de la Fiscalía fue posible esclarecer seis homicidios ocurridos; uno en 2021, los otros cinco en 2022. También fue esclarecida la desaparición forzada de un ciudadano de quien no se tenía razón desde julio de este año. Este hecho se presentó en el barrio Frailes de Dosquebradas.
Por estos hechos la Fiscalía imputó a los indiciados, según sus eventuales responsabilidades individuales, los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y concierto para delinquir agravado.
Nueve de las capturas estuvieron a cargo de funcionarios de Policía Nacional, en operativos de allanamiento y registro adelantados en Pereira y Dosquebradas, así como en Medellín (Antioquia) y El Cairo (Valle), donde fueron incautadas armas de fuego, munición y marihuana. Uno de los presuntos integrantes de la red criminal fue imputado en su lugar de reclusión.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
CLCG/MAGA/AMBV/DSR/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
