Un juez de la República condenó a dos integrantes de la banda delincuencial Los Paracos. Se trata de Daniel Madrigal Yepes, alias Muñeco; y Yuliana Hernández Cano, alias La Yula. El primero fue sentenciado a 7 años de prisión; y la segunda a 4 años y 6 meses.

Madrigal Yepes y Hernández Cano hicieron parte de la banda Los Paracos de San Cristóbal que delinque en los barrios Vallejuelos, La Aurora o Ciudadela Nuevo Occidente, Palenque Santa Margarita, El Pesebre, La Campiña, Fuente Clara y Olaya Herrera.

También se logró establecer que esta red delincuencial incurre en delitos en los sectores Las Flores, Nazaret, Chagualón, Cantares, Tirol 1, 2 y 3, Villa Suramericana, Bosques de Pedregal y Pedregal Bajo y Alto de la Comuna 7; además del corregimiento de San Cristóbal en la capital antioqueña.

Según la investigación, adelantada por el Gaula de la Policía Nacional, ‘Muñeco’ era coordinaba la venta de sustancias alucinógenas en el sector La Aurora. Además, fue responsable del desplazamiento de un par de residentes del sector Las Flores de Robledo a quienes amenazó de muerte si no abandonaban la vivienda que habitaban.

‘La Yula’, por su parte, se encargaba de comercializar estupefacientes e informaba a la red delincuencial sobre los movimientos de la Fuerza Pública en los sectores El Tirol 3, La Loma y Las Flores; así mismo, señalaba a posibles extraños en la zona.

La contundencia del material de prueba aportado por la Fiscalía motivó a los procesados a suscribir un preacuerdo que fue avalado por el juez. Por estos hechos las dos personas fueron sentenciadas por delitos de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado agravado.

 

NAMT/MAGA/EG/DSM

 

La Fiscalía habla con resultados.

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.