La víctima era el hijo del alcalde del municipio de El Carmen (Norte de Santander).
La Fiscalía obtuvo sentencia de 37 años y tres meses de prisión emitida por un juez de Cúcuta (Norte de Santander) en contra de Yulner Barbosa Prada, Dairo Pabón Salazar, Dimas Solano Contreras, Feyber Dayan Contreras Bustamante y Arno Yesid Prada Prada, por su responsabilidad en el delito de secuestro extorsivo y agravado.
El material probatorio recopilado por la Fiscalía y los investigadores de la Policía Nacional permitió identificar a los condenados como los responsables del secuestro extorsivo de un menor de 9 años, en hechos ocurridos el 3 de octubre de 2018 en el corregimiento de Guamalito, jurisdicción del municipio de El Carmen (Norte de Santander).
Ese día, la víctima se desplazaba como parrillero en una motocicleta hacia su colegio cuando fue interceptado por 5 personas que usando armas de fuego raptaron al menor y huyeron del lugar.
EL padre de la víctima, que para la fecha de los hechos era el alcalde municipal de El Carmen (Norte de Santander), denunció la situación e informó que le exigían la suma de $2.000 millones por la liberación de su hijo.
El despliegue de búsqueda por parte del Gaula de la Policía Nacional permitió encontrar al menor el 9 de octubre de 2018, abandonado en zona rural de El Carmen (Norte de Santander).
Los sentenciados fueron capturados en noviembre de 2018 por el Gaula de la Policía Nacional en los departamentos de Norte de Santander y Cesar y se encuentran recluidos en la Cárcel Modelo de esta ciudad donde continuarán cumpliendo la pena impuesta por el ente juzgador.
La sentencia fue apelada por la defensa.
La Fiscalía habla con resultados.
MPHA/CFG/JAAL/ANMP/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
