Las peticiones de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y una fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de Cartagena, para que dos hombres fueran privados de la libertad, fueron acogidas por jueces de control de garantías.
Según las investigaciones, adelantadas de manera individual, las dos personas serían responsables de incurrir en delitos sexuales.
Uno de los casos ocurrió el pasado 12 de agosto en el barrio La Campiña de la capital de Bolívar donde un mototaxista habría accedido sexualmente; y por varias horas, a su excompañera sentimental.
El investigado, al parecer, sorprendió a su expareja cuando salía del trabajo y bajo amenazas con un arma blanca la habría obligado a subir a su moto para llevarla a un en el que la habría obligado a sostener relaciones sexuales.
El implicado de 27 años fue capturado el 1 de septiembre último por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional. El procesado no aceptó el cargo de acceso carnal violento imputado por el ente acusador.
Un segundo hecho ocurrió en una zona enmontada del barrio Torices de Cartagena donde un hombre de 56 años, en aparente estado de embriaguez, fue sorprendido por la comunidad cuando, al parecer, realizaba tocamientos de índole sexual a una menor de 10 años, hija de su compañera sentimental.
Labores de Policía Judicial establecieron que el procesado habría aprovechado su labor de mototaxista; para llevar a la niña a un supuesto paseo que terminó con la agresión en su contra.
La Policía Nacional evitó que el hombre fuera linchado por la comunidad, y capturó al hombre. La Fiscalía imputó al presunto abusador el delito de acto sexual violento agravado, cargo que no fue aceptado. Los dos procesados serán trasladados a la cárcel Ternera de La Heroica.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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MEVA/MAGA/GC/AC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
