La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra siete presuntos integrantes del Grupo de Delincuencia Organizado Los Pachelly, investigados por su presunta participación en los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.
Los afectados con la medida son: Jhonatan Arley Bedoya Ruda, alias Jhonatan; Juan Fernando Duque Bedoya, alias Juanfer; Héctor Andrés Velásquez Buitrago, alias Héctor; Edwin Esteban Matiz Echavarría, alias Energía; Adrián Enrique Revete, alias Veneco; Elkin Albeiro Munera Vélez, alias Albeiro y Breiner Alexis Chica, alias La Chinga.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) determinó que entre los años 2018 y septiembre del presente año, la referida organización criminal se habría dedicado a extorsionar comerciantes y transportadores en los municipios antioqueños de Bello, San Félix y San Pedro de los Milagros.
Según se evidenció, los procesados les habrían exigido a las víctimas el pago de hasta 2 millones de pesos mensuales, según la capacidad económica. Por estos hechos, se cree, que la organización ilegal recibía sumas superiores a los 85 millones de pesos anualmente.
Se afirma también que en peajes ilegales, instalados en los límites entre los municipios de Bello y San Pedro de los Milagros, la banda criminal realizaba los cobros a los transportadores. En las denuncias instauradas se precisa que por cada vehículo de carga se debía cancelar hasta 50.000 pesos por recorrido.
Los procesados fueron capturados por servidores del CTI con el apoyo del Ejército Nacional. Ninguno aceptó los cargos imputados por un fiscal destacado ante el Gaula Antioquia.
La Fiscalía habla con resultados.
NAMT/MAGA/MAM/DSA.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
