El trabajo investigativo adelantado por un fiscal adscrito al Cuerpo Técnico de Investigación con apoyo de investigadores del CTI permitió advertir a la Policía Federal de Argentina del envió a ese país de un cargamento de clorhidrato de cocaína.
Este resultado fue posible gracias al trabajo investigativo previo, adelantado por servidores de CTI, el Ejército Nacional de Colombia y la agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA). Según la investigación, identificó a dos hombres conocidos como ‘Ronaldiño’ y ‘Pecas’ como los presuntos propietarios del alijo.
Entre tanto, se estableció a través de acciones investigativas de campo la trazabilidad del cargamento. Esta información permitió conocer la forma en que sería ingresado el estupefaciente a territorio argentino, la manera cómo se cumpliría el traslado al interior de ese país; y cómo se evitaría el control de las autoridades.
Esta acción de la Fiscalía General permitió que en Argentina las autoridades ubicaran un vehículo de carga pequeño que tenía acondicionado un doble fondo en el que iba oculto el estupefaciente.
En dicha caleta fueron encontrados en cajas de cartón 59 paquetes envueltos en bosas negras; cada uno con peso neto de un kilo de la sustancia. Peritos expertos determinaron, tras pruebas técnicas, que se trataba de cocaína de alta pureza.
Según se logró determinar ‘Ronaldiño’ y ‘Pecas’ estarían aliados la organización armada ilegal ELN.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
AG/MAGA/NA/CTI.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
